60 o 65 horas de eslome es la nueva plasmación práctica de esta Unión Europea que quiere flexibilidad y más currelo para los asalariados. El opting out británico, que ha ejercitado el Reino Unido desde el año 1993 y permite que cada trabajador pueda pactar con su empresario "libremente" el tiempo de trabajo, se va a convertir en norma general europea. Directiva 65 horas
Los 27 países de la UE deberán ahora esperar el veredicto del Parlamento Europeo, pero la llegada de Berlusconi y Sarkozy al poder ha permitido que pretendan que vuelvan a las épocas del cuaternario los derechos sociales de los trabajadores. Portugal, Bélgica, Hungría, Malta, Chipre, Grecia y España muestran su desacuerdo y confían en que esta burrada no se consagre.
Construir Europa vemos que es siempre tarea inacabada, lo que importa y ahora más que nunca con la grisis global del sistema capitalista predominante es retroceder en el tiempo, pisotear conquistas sociales y amargar a los asalariados porque estos barandas de cuello blanco siempre han tenido muy claro quién manda y quién es el madao.
Porca miseria de tanto descerebrado que pretende en nombre de la ortodoxia que todos seámos buenos y sumisos, temerosos del Señor, adocenados y aborregados, porque hay que salvar la economía productiva y crear riqueza y desarrollo, la pena es que siempre para los mismos.
Con la que está cayendo poquito falta para irnos a las barricadas pero si insisten allí nos veremos la cara.
12 comentarios:
POR UMA ALTERNATIVA DE TODA A CLASSE TRABALHADORA!
JORNADAS LABORAIS MAIS CURTAS, NÃO MAIS LONGAS!
FRONTEIRAS ABERTAS, NÃO À GUERRA CONTRA OS IMIGRANTES!
HABITAÇÃO PÚBLICA E EDUCAÇÃO PARA TODOS, NÃO ÀS PRIVATIZAÇÕES!
QUE SEJAM OS CAPITALISTAS A PAGAR E NÃO NÓS!
A União Europeia lançou o maior ataque da sua história contra a classe trabalhadora. A directiva das 65 horas, a directiva contra os imigrantes, a directiva Bolkestein e o Plano de Bolonha são parte de um único plano para reduzir os custos laborais, para transferir riqueza do trabalho para o capital.
Se a jornada de trabalho é mais longa, havendo assim menos empregos e mais desempregados, os salários baixarão. Se os imigrantes são aterrorizados até a um ponto de terem de aceitar trabalho por qualquer salário, então todos os salários baixarão. Por cada privatização, o trabalho é transferido de uma força de trabalho com salários mais altos para trabalhadores com menores salários, então os salários baixarão.
O plano da União Europeia, totalmente calculado, é colocar os trabalhadores uns contra os outros, criando uma competição em todo o continente, entre países, indústrias e indíviduos de modo a que todos caiam para os níveis mais baixos fixados pelas directivas. Por isso, temos de nos opor a tudo isto não com acções de protesto desencontradas e desunidas contra directivas individualizadas, mas com uma campanha única e coordenada. Os sindicatos que lutam contra a directiva das 65 horas, as organizações de imigrantes que lutam contra "a directiva da vergonha", os estudantes que lutam contra o plano de Bolonha e os trabalhadores do sector público que lutam contra a directiva Bolkstein, todos temos de unir-nos numa única luta contra o plano da União Europeia, coordenando dias de acções e combinando as reinvidicações.
Não podemos responder só com a recusa do plano, já que a União Europeia continuará com outros ataques.
Devemos saber definir também a nossa própria alternativa como classe trabalhadora, que será o que todos nós quisermos!
REDUÇÃO DA SEMANA DE TRABALHO EM TODOS OS PAÍSES PARA 35 HORAS ABRANGENDO TODOS OS TRABALHORES, SEM REDUÇÃO DOS SALÁRIOS E SEM DESTRUIÇÃO DOS EMPREGOS. REVOGAÇÃO DA DIRECTIVA DAS 65 HORAS.
IGUALDADE DE DIREITOS PARA TODOS, SEM DISCRIMINAÇÕES POR CONDIÇÃO DE IMIGRANTE. LIBERDADE DE MOVIMENTOS ATRAVÉS DE TODAS AS FRONTEIRAS. ABOLIÇÃO DA DIRECTIVA SOBRE IMIGRAÇÃO.
ENSINO SUPERIOR GRATUITO PARA TODOS. PROGRAMAS DE TRABALHOS PÚBLICOS MASSIVOS COM EMPREGO PÚBLICO DIRECTO PARA SE GARANTIR HABITAÇÃO E SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA TODOS. CONTROLO DEMOCRÁTICO DOS CENTROS DE TRABALHO PÚBLICOS COM REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES E DAS COMUNIDADES ENVOLVIDAS. FIM DAS PRIVATIZAÇÕES, ABOLIÇÃO DA DIRECTIVA BOLKSTEIN E DO PLANO DE BOLONHA.
FINANCIAMENTO DE TRABALHOS PÚBLICOS E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO FIM DAS SUBVENÇÕES ÀS EMPRESAS E COM UM GRANDE AUMENTO DOS IMPOSTOS SOBRE AS CORPORAÇÕES E OS CAPITALISTAS INDIVIDUALMENTE.
PROIBIÇÃO DAS DESLOCALIZAÇÕES, DOS DESPEDIMENTOS E REGULAÇÕES DO EMPREGO.
Sómente um movimento massivo por toda a Europa com amplas reinvidicações, um processo de greves de massas que se extenda para além de cada sector de actividade, pode obter ganhos. Considerando a crise, tais ganhos sob o capitalismo tenderão sempre a ser temporais. Mas nestes processos de greves de massas, os trabalhadores podem conseguir as organizações e a consciência necessárias para mudarem radicalmente o mundo, para substituir o capitalismo por um socialismo democrático que proporcione permanentemente uma vida decente para todos.
Apelamos a todas as organizações para que participem em reuniões e forúns para o planeamento de uma campanha conjunta neste outono.
FORUM LUXEMBURGUISTA INTERNACIONAL
Razones para luchar contra la Directiva europea de las 65 horas
Iván Escofet, José Antonio González Espada, Juan Montero y Diosdado Toledano
Rebelión
El 11 de junio de 2008 el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores formado por los ministros de Trabajo de los países miembros de la Unión Europea acordó, por mayoría cualificada (1), una propuesta de modificación de la Directiva 2003/88 sobre “ordenación del tiempo de trabajo” actualmente en vigor.
Esta “contrarreforma” de la actual directiva cuenta con el visto bueno de las patronales europeas y catalanas (2), y pretende ser un instrumento que permita a los diferentes Estados miembros flexibilizar aún más el tiempo de trabajo y legalizar pactos individuales entre trabajador y empresa (esto es, al margen de la legalidad y de los convenios colectivos vigentes en el estado español y otros países europeos), donde el trabajador, por un determinado período, renuncia a su jornada máxima de 40-48 horas, consintiendo en trabajar hasta 65 horas semanales, sin contraprestación salarial alguna por este mayor esfuerzo de trabajo.
Cierto es que a fecha de hoy, esto sólo es una propuesta, y debe pasar diversos filtros burocrático-políticos, entre ellos la aprobación del Parlamento Europeo para llegar a convertirse en una disposición obligatoria para los Estados de la U.E.
Ahora bien, no es menos verdad que el procedimiento (3) establecido para aprobar esta directiva es poco menos que un laberinto de trámites kafkianos, un auténtico galimatías que tiene como único objetivo facilitar que el Parlamento apruebe la propuesta del Consejo, y en cambio obstaculizar hasta la extenuación el veto parlamentario. Es un procedimiento diseñado, pues, para acentuar la sumisión del Parlamento (elegido por sufragio directo de los ciudadanos de la Unión) respecto de los poderes ejecutivos de los países de la Unión (el Consejo).
Si además tenemos en cuenta la actual hegemonía de las derechas en los diferentes gobiernos europeos (algunas con rasgos de extrema derecha, como el caso italiano) y un Parlamento Europeo elegido por sólo el 30% del electorado de la U.E., donde las fuerzas de derecha tienen casi el 50% de los escaños y la representación de la izquierda está dominada por el social-liberalismo más descafeinado, será muy difícil obtener las mayorías cualificadas necesarias para rechazar la propuesta de las 65 horas sino se desarrolla una masiva y enérgica movilización de la clase trabajadora europea.
Así, hay que dar por hecho que, si nos limitamos a confiar en el “funcionamiento” de las “instituciones europeas”, la directiva de las 65 horas será una realidad y se habrá consumado una inflexión histórica en la lucha por la reducción del tiempo de trabajo, la justicia y el progreso social.
Las principales claves de la propuesta de modificación de la Directiva
La Directiva sometida al proceso de modificación en curso fue aprobada el 4 de noviembre del 2003 y su contenido ya reflejaba el objetivo de la patronal europea de “flexibilizar” y aumentar la duración del tiempo de trabajo. Si bien mantenía el límite de la “duración media” (4) del trabajo semanal en 48 horas de la Directiva precedente, introduce en el artº. 22 “Disposiciones varias” la posibilidad “del consentimiento del trabajador a nivel individual para exceder dicho límite”, así como su reexamen por el Consejo antes del 23 de noviembre del mismo año, fijando de este modo su carácter provisional.
La presión de la patronal europea para revisarla y modificarla ha sido desde entonces constante. En el Consejo de la UE en marzo del 2005 se acordó en la llamada estrategia de Lisboa “dotarse de los medios para cumplir los objetivos de crecimiento y de empleo”, subterfugio que ha sido utilizado para impulsar la revisión de la Directiva. Las diferencias entre las diversas delegaciones gubernamentales sobre el alcance y contenido de la revisión explica su bloqueo durante un tiempo. Finalmente, una mayoría formada por los gobiernos de la derecha y algunos gobiernos socialdemócratas ha conseguido vencer la “débil oposición” de una minoría de gobiernos, entre ellos el español, y alcanzar la actual propuesta de modificación.
La propuesta propone modificar, entre otros, los siguientes artículos de la Directiva:
- Se añade el Artº 2 bis con el título “Tiempo de atención continuada”. En el se establece que “el periodo inactivo del tiempo de atención continuada no se considerará tiempo de trabajo”, a menos que la legislación nacional o, de conformidad con la legislación o las prácticas nacionales, un convenio colectivo o un acuerdo entre interlocutores sociales dispongan de otro modo.
La aplicación de este artículo, que entra en contradicción con una amplia jurisprudencia que considera el tiempo de guardia como jornada laboral sin distinguir entre periodos activos o inactivos, significaría un grave deterioro de las condiciones de trabajo y salario para todos aquellos colectivos, médicos, personal sanitario, bomberos, etc., que deben realizar guardias que incluye lógicamente periodos de descanso en el puesto de trabajo y que dejarían de ser considerados como tiempo de trabajo.
- Se modifica el Artº 22 con el título “Disposiciones varias” donde se establece la posibilidad de la firma de un contrato individual de trabajo donde el trabajador consienta a trabajar en una semana 60 horas, calculadas como promedio durante un periodo de 3 meses (lo que permite trabajar más de 60 horas en alguna de las semanas…); o trabajar 65 horas en los casos que el periodo inactivo del tiempo de atención continuada se considere jornada laboral de conformidad con el Artº 2bis.
Previamente en el mismo el artº se introduce el apartado b) que de manera hipócrita establece que “ningún trabajador sufra perjuicio por parte del empresario por el hecho de no estar dispuesto a dar su consentimiento para efectuar dicho trabajo o de retractarse de su consentimiento por cualquier motivo”. Es obvio que no ofrece ninguna garantía al trabajador puesto que en general este no se halla en condiciones de oponerse a las pretensiones del empresario, bajo la presión del paro y la precariedad, y en el marco de una negociación individual sin límites mínimos previstos por la ley o los convenios colectivos.
- El envoltorio de la propuesta de directiva destila un discurso hipócrita salpicada de buenas intenciones, para de esta manera hacer tragar mejor la amarga píldora, así se introduce un nuevo artª 2 ter con el título “Conciliación de la vida profesional y familiar” donde se dice: “los Estados miembros animarán a los interlocutores sociales a que celebren, en el nivel adecuado y sin perjuicio de su autonomía, acuerdos destinados a mejorar la conciliación entre la vida profesional y familiar. ¡Como si fuera posible conciliar trabajo y familia con jornadas de 60 o más horas!! Pero el cinismo no se detiene ahí, en la primera consideración que encabeza la propuesta de modificación se refiere a que la comunidad europea “Ha de apoyar y completar la acción de los estados miembros, con vistas a mejorar el entorno de trabajo para proteger la salud y seguridad de los trabajadores”. ¡Como si hubieran descubierto el nuevo “elixir de la salud” con la prolongación a jornadas extenuantes de 60 o más horas a la semana!
También deben abordarse algunas de los efectos negativos que no se mencionan en la propuesta de directiva:
Veamos algunas consecuencias salariales del incremento de jornada semanal:
A) Aunque la aplicación de la directiva de 65 horas no supere el límite legal en el cómputo anual, se produce un abaratamiento de las horas trabajadas al considerarse y pagarse como horas ordinarias aquellas que excedan de las 40 horas y que se abonaban anteriormente como horas extraordinarias o con pluses de trabajo en festivo.
B) Sí además, a causa de la precariedad de los contratos y el difícil control sobre los mismos, se supera el límite de horas en el cómputo anual sin contraprestación salarial, se produce en la práctica una reducción salarial al trabajar más horas por el mismo salario.
Las consecuencias en la siniestralidad laboral: Aunque el número de horas al año no se incremente, la posibilidad de realizar semanalmente 60-65 horas implica un aumento del cansancio y el desgaste del trabajador, lo que tendrá un efecto directo en su riesgo de padecer accidentes y enfermedades laborales. Todo ello comportará un mayor gasto sanitario y deterioro de los servicios públicos de la salud, teniendo en cuenta que no se prevé un incremento de la inversión para medidas preventivas por causa de la directiva (no tenemos constancia de ello), y tampoco está previsto asumir el coste de la mayor asistencia sanitaria que requerirá el deterioro de la salud de los trabajadores tras inhumanas jornadas de trabajo.
En cuanto al proceso de aplicación de esta Directiva con carácter general hay que precisar:
· NO es directa y automáticamente aplicable, para que sea efectiva la directiva debe ser convertida en ley nacional por cada Estado miembro ("transposición de la directiva"),
· Cada Estado miembro está obligado a transponer la directiva a su normativa nacional, en un determinado plazo.
· Si el Estado miembro no respeta el plazo, la directiva puede ser directamente aplicada por los ciudadanos como si se tratase de una ley nacional.
La aplicación de la propuesta de Directiva en el estado español
En relación a la aplicación de la propuesta de Directiva en el marco de la legislación sobre la ordenación del tiempo de trabajo en el estado español debemos tener en cuenta que la actual regulación española permite jornadas semanales superiores a 40 horas, siempre que no se supere la jornada anual de 1.826 horas y veintisiete minutos (5) (que equivale al promedio semanal de 40 horas), siempre que se respeten algunos límites generales como un descanso obligatorio de 12 horas entre el fin de una jornada y el inicio de la siguiente, y un descanso mínimo semanal de 36 horas (un día y medio).
En el encaje de la propuesta de Directiva con la legislación española hay que considerar que dicha propuesta no menciona límites ni descansos obligatorios (simplemente "autoriza" el incremento de jornada máxima semanal), habla de jornada semanal y no de jornada anual, cuando en la legislación española la jornada se mide por el número de horas anuales que permite una gran flexibilidad en la distribución de la jornada a lo largo del año (hay que añadir que en materia de flexibilidad de jornada muchos convenios empeoran la ley).
Además, debe tenerse en cuenta que, al margen de las 1.826 horas 27 minutos anuales que permite la ley española, existe el límite legal de 80 horas extras anuales. La propuesta de directiva no hace distinciones entre jornada ordinaria o extraordinaria; así que perfectamente sería posible una "aplicación a la española" de la directiva, en el sentido de eliminar o ampliar el tope máximo legal de horas extras, para facilitar la posibilidad de incrementar las semanas de 60-65 horas, en detrimento de las semanas de 40 horas, en la distribución anual de jornada.
Si bien la propuesta de directiva del Consejo no obliga a los Estados miembros a incrementar la jornada máxima de 40-48 hasta 60-65 horas, les autoriza a incrementar este límite hasta las 60-65 horas en cómputo semanal, de forma que ésta pueda ser legal mediante "pacto" individual entre trabajador y empresario. Y, aunque los convenios colectivos podrían establecer una jornada más baja que las 60-65 horas, si estos no dicen nada al respecto el pacto individual de 60 horas semanales será legal.
En resumen, la propuesta de directiva significa un aumento de la flexibilidad de la distribución de la jornada anual y un abaratamiento de los costes salariales (ahorro de horas extras y pago de pluses en festivos), y en las actuales condiciones de contratos precarios y desprotección del trabajador frente al patrono puede significar, en la práctica, la superación del límite de la jornada anual legal.
También hay que advertir que recientes sentencias de los tribunales de la UE, en consonancia con la filosofía de la directiva “Bolkenstein”, allanan el camino para que empresas de otros países de la UE que prestan sus servicios en España contraten trabajadores de sus países de origen con las condiciones de la Directiva de las 65 horas (si esta ha sido incorporada en la legislación de su país), aunque el estado español no la incorpore de momento (6).
No hay que ser profeta para prever que bajo la amenaza de deslocalizar empresas a aquellos países que hayan incorporado a su legislación nacional la nueva Directiva, o con la posibilidad de contratar trabajadores de dichos países que acepten los términos de la Directiva, la presión para aplicarla en el mercado laboral del estado español será enorme. En estas condiciones el desplazamiento del gobierno español desde su tibia oposición inicial hacia la plena aceptación de la nueva Directiva es un peligro real a corto-medio plazo.
La Directiva, la crisis económica y la UE
La explosión de la crisis financiera internacional y su rápido traslado al conjunto de la economía, particularmente en la Unión Europea donde algunos de sus miembros se encuentran al borde de la recesión, ha acentuado la ofensiva de los gobiernos contra las condiciones económicas y sociales de la clase trabajadora para imponer una salida beneficiosa para el capital. En esta ofensiva del neoliberalismo europeo la modificación de la Directiva es uno de sus objetivos más importantes.
El conflicto histórico entre las fuerzas del capital y el trabajo en la disputa por la plusvalía se refleja una vez más en los salarios y la duración del tiempo de trabajo. Durante el actual periodo de ofensiva y hegemonía del neoliberalismo se ha producido una amplia redistribución de la riqueza a favor de las empresas, del capital, no sólo ha disminuido el porcentaje de los salarios en el conjunto de la renta de los países y han crecido las desigualdades, también se ha producido una inflexión en la tendencia hacia la reducción del tiempo de trabajo. Mediante la aplicación de contrarreformas en la legislación laboral se han deteriorado las condiciones generales de trabajo y han retrocedido los derechos laborales.
En el estado español, la negociación colectiva en grandes empresas del automóvil como SEAT, FASA REANAULT, o de sectores como el Convenio del Metal de Barcelona, etc .., (que marcan una referencia hacia el resto de empresas y sectores), y en gran medida gestionada y pactada por los sindicatos mayoritarios, ha concluido con graves concesiones a los objetivos de moderación salarial, flexibilidad y productividad de las empresas. Las consecuencias sobre el tiempo de trabajo y su ordenación han sido brutales, primero disminuyeron y se espaciaron las reducciones en la jornada anual de trabajo en los acuerdos de convenio colectivo, a continuación se vinculó la reducción de jornada a fórmulas de flexibilidad, en materia de turnos, trabajo en festivos, “saco de horas flexible”, etc., dando lugar a la reversión del proceso de reducción del tiempo de trabajo. En la actualidad, las cifras de jornada diaria, semanal y anual que establecen la ley y los convenios son cifras virtuales. En la práctica, la jornada laboral media ha aumentado y crece sin control. Además, la política de moderación salarial, y la disminución de poder adquisitivo de los salarios, ha empujado a muchos trabajadores a ampliar su jornada laboral con tal de complementar su salario.
El discurso que hace el Presidente de gobierno francés Sarkozy contra la ley de las 35 horas en su país “para que los trabajadores trabajen más y así puedan enriquecerse” es de un cinismo y falsedad insuperables. En realidad sucede todo lo contrario, el incremento de la jornada de trabajo crea excedentes de empleo, incrementa el paro y aumenta la competencia entre trabajadores por conseguir un empleo; bajo la presión del paro y la precariedad en los contratos los empresarios contienen y reducen los salarios, en estas condiciones los trabajadores que buscan empleo son contratados en peores condiciones económicas que les empuja a realizar mayores jornadas de trabajo… En definitiva, la disminución del salario/hora y la ampliación de la jornada son términos de una misma ecuación.
El estallido de la actual crisis ha puesto de nuevo al desnudo las contradicciones del sistema capitalista en su versión neoliberal. En efecto, las políticas de moderación salarial, de mayor flexibilidad, de ampliación de la jornada de trabajo, de retroceso de los derechos y prestaciones sociales, no se ha reflejado en la disminución de precios de los productos, ni en el incremento de las inversiones, que debían facilitar el desarrollo económico y un posterior beneficio general tal como prometían los ideólogos y políticos neoliberales. Al contrario, la gigantesca apropiación de plusvalía por las empresas y bancos fruto de la sobreexplotación de la clase trabajadora se ha dirigido a la especulación financiera, energética, de materias primas y alimentos, o bien hacia aquellos negocios como la construcción, etc., donde podía obtenerse grandes beneficios a corto plazo.
La crítica de las causas de la crisis económica y la reflexión sobre las alternativas para salir de la crisis plantean una primera conclusión: hay que abandonar radicalmente la política económica y social neoliberal y su amplio recetario antisocial. Hay que restringir, regular, controlar, fiscalizar y penalizar los movimientos de capital. Debe cortarse de raíz el amplio abanico de burbujas especulativas.
Ante el fracaso evidente del mercado para satisfacer las necesidades humanas básicas debe impulsarse la intervención pública en la economía. Ante los procesos privatizadores de sectores estratégicos y servicios públicos que causan burbujas especulativas, el encarecimiento y deterioro de dichos servicios, dificultando su acceso a sectores crecientes de la población, no cabe otra política que invertir el proceso y recuperar su control y propiedad pública.
Combatir la recesión exige políticas de inversión pública para aumentar la cobertura de las necesidades sociales, impulsando un desarrollo económico de carácter social y sostenible, en fin, implica estimular el consumo interno, para entre otras necesidades poder acceder a una vivienda barata y de calidad, lo cual exige terminar con las políticas de moderación salarial y reemprender la senda del bienestar social, empezando por recuperar los derechos perdidos, y dando un nuevo impulso a los objetivos por reducir la jornada a 35 horas, 32 horas , incluso menos.
Sin embargo, en la Unión Europea, cualquier crítica a un neoliberalismo enfermo y agotado, cualquier alternativa razonable para la superación de la crisis económica tropieza con el modelo neoliberal de su propia construcción, el rol del euro, el despótico papel del Banco Central Europeo que en su obsesión por control de la inflación aumenta brutalmente los tipos de de interés, con la extorsión que esto significa para millones de trabajadores y trabajadoras europeos atrapados de por vida con las hipotecas de sus viviendas, el dogmatismo sobre el déficit cero, la sacralización del mercado y la satanización de lo público, la privatización y liberalización sistemática de los servicios públicos, la “desregulación laboral” eufemismo de la pérdida de los derechos sociales y laborales, la aprobación de la “Directiva de la vergüenza” para el internamiento y retorno masivo de la inmigración, y como no, ampliar la jornada laboral a 60-65 horas, empezando por quienes sin posibilidad de defensa o en inferioridad de condiciones “acepten” trabajar ese horario, para una vez introducido avanzar en su generalización….
Eso sí, cuando alguna entidad financiera quiebra y amenaza arrastrar consigo al conjunto del sistema, los abanderados del neoliberalismo desde el jefe del imperio Sr. Bush al laborista Sr. Brown no dudan en transgreder los sagrados principios neoliberales, interviniendo dichos bancos, nacionalizando, es decir, socializando una vez más las pérdidas ocasionadas por la avaricia del capital.
La agudización de la crisis, su dimensión y profundidad, van a sacudir las bases y mitos intocables sobre los que se ha construido la UE. Entre las perspectivas que se nos ofrecen para salir de la crisis, una es la que defienden los actuales gobiernos: avanzar ciegamente hacia el abismo social, dar un salto mortal hacia la barbarie. Prisioneros en la trampa “neoliberal” en que se ha convertido la UE repetirán todos juntos hasta la saciedad que no hay otro camino posible, ellos los mismos gobiernos, fuerzas políticas, bancos y empresas que han demostrado su fracaso y falta de legitimidad para ofrecer ninguna alternativa.
En esta grave situación, hay que salir de la trampa, hay que cortar el “nudo gordiano”. No lo harán las fuerzas del sistema, sólo la clase trabajadora, la ciudadanía que sufre los estragos de la crisis pueden y deben tomar en sus manos la elaboración de otras perspectivas, de otras alternativas que nos permitan superar la crisis y acabar con el sistema capitalista que las causa y reproduce.
En esa tarea de levantar una alternativa socialista a la crisis capitalista, de reconstruir Europa sobre otras bases, una Europa de los trabajadores/as y de los pueblos, democrática, socialista, confederal y solidaria, la resistencia en lo inmediato a la ofensiva neoliberal por implantar la nueva Directiva no es una cuestión menor, al grito de “LA DIRECTIVA NO PASARÄ” hay que articular un amplio movimiento social que, por la lógica del desarrollo de la crisis, puede favorecer la construcción de la alternativa y de una nueva perspectiva global.
Es la hora de movilizarse contra la Directiva de las 65 horas
A pesar de la pasividad de la burocracia sindical de la CES, las graves consecuencias laborales de la Directiva ha terminado por disparar la alarma social. Llama la atención, que hasta las direcciones estatales de sindicatos como CCOO y UGT que se han distinguido por su “pactismo” y tolerancia con los objetivos antisociales de la patronal y los gobiernos de España, hayan tomado una posición de denuncia de la Directiva y planteado, al menos en el caso de CCOO, la necesidad de movilizarse a escala europea para bloquear la Directiva.
La extrema precariedad en el mercado laboral español que afecta a un tercio de los asalariados/as, el peso minoritario de las grandes y medianas empresas en un mar de pequeñas empresas con millones de trabajadores atomizados y alejados de todo movimiento sindical; junto a la debilidad organizativa de los propios sindicatos, forman un campo abonado para que la Directiva de las 65 horas se generalice y consolide, lo que debilita aún más el poder de negociación de los grandes sindicatos y en consecuencia amenazando el status privilegiado de la burocracia sindical. Acaso sea ésta la causa del rechazo de CCOO y UGT a la Directiva de las 65 horas…
Sean cuales sean las razones para oponerse y movilizarse contra la Directiva, bienvenidas son. Sin embargo hay razones para desconfiar de la capacidad de decisión y movilización de los grandes sindicatos. ¿Serán capaces de tensar los músculos de la movilización después de un largo periodo de no ejercitarse en la lucha social más allá de las empresas? La convocatoria de un paro simbólico entre 5 y 15 minutos a escala Europea en ocasión de la Jornada Mundial por el Trabajo decente prevista para el 7 de octubre es claramente insuficiente para ganar el pulso a los gobiernos europeos pro-Directiva, y demuestra una vez más la bancarrota ideológica y moral en que se han hundido los dirigentes de la CES.
A pesar de la debilidad de los términos de la convocatoria, lo mas razonable para los sectores más combativos de la clase trabajadora dentro y fuera de los grandes sindicatos, para las organizaciones de la izquierda sindical anticapitalista, es tomar esa convocatoria como un punto de apoyo para crear las condiciones para una movilización más duradera y enérgica. En efecto, para preparar mejor la movilización internacional sería positivo impulsar movilizaciones previas a escala de empresas, sectores, comunidades y estados. Nada impide que en aquellas empresas, sectores o países europeos donde hay mejores condiciones para la movilización social general se reconvierta la convocatoria del 7 de octubre en acciones de paro más contundente, incluso de huelga general.
Todas aquellas iniciativas que se dirijan a preparar las acciones contra la Directiva, a través de métodos unitarios y asamblearios, como la convocatoria de Asamblea que impulsan un amplio abanico de organizaciones sindicales, plataformas, redes y trabajadores/as a celebrar el próximo 9 de septiembre en Barcelona (7), son fundamentales para el éxito y continuidad de la movilización, para hacer realidad el objetivo de ¡ La directiva no pasará !
En cualquier caso, teniendo en cuenta que el proceso de discusión de la propuesta de modificación de la Directiva en las instituciones europeas puede extenderse durante varios meses, la movilización de octubre debe servir para preparar nuevas y más contundentes movilizaciones.
¡La directiva de las 65 horas no debe pasar! ¡No a retroceder a las condiciones sociales del siglo XIX¡ ¡Hay que exigir al gobierno Zapatero que en ningún caso se aplicará en España dicha Directiva, bajo amenaza de huelga general!
Existen múltiples casos de excepciones en la relación entre las normas y leyes de la UE y su aplicación en cada uno de los estados. No hay excusa posible, y en cualquier caso, ante una UE que muestra su verdadera faz retrógrada y antisocial, que persiste y enroca en las políticas neoliberales, sólo cabe preparar la desconexión.
Ante un tren que se dirige al abismo social, cuyos maquinistas están ebrios del dogma neoliberal, sin poder frenar porque los seguros están bloqueados, lo más sensato es desenganchar el vagón, antes que sea demasiado tarde…
Pero no debemos quedarnos aquí, no sólo debemos decir NO a las 65 horas y conformarnos, pues, con la actual jornada de 40 horas: debemos luchar para avanzar y, por tanto, para implantar la jornada de 30, 32, 35 horas semanales sin reducción salarial, en todos los sectores (8). No podemos permitirnos abandonar esta importante reivindicación histórica, debemos impedir que las decisiones antisociales de gobiernos como el de de Sarkozy constituyan el epitafio definitivo de la lucha por reducir la jornada laboral, como medida para la mejora efectiva de las condiciones de trabajo y de salario, y para luchar contra el desempleo y la precariedad, especialmente ante la crisis económica actual.
Firman (9): Ivan Escofet, José Antonio González Espada, Juan Montero y Diosdado Toledano, miembros de la Asociación Socialismo XXI.
Notas:
(1) Las delegaciones de Bélgica, Chipre, Grecia, España y Hungría no dieron apoyo a la propuesta de modificación de la directiva y expresaron su posición en una declaración conjunta que se anexa (A). Llama la atención la incongruencia entre los términos de la propia declaración y el hecho que no votaran contra la propuesta de modificación.
(2) Las patronales catalanas Fomento del Trabajo, Cecot y Pimec además de expresar que ven con “buenos ojos” la propuesta de modificación de la Directiva rechazaron la crítica que desde el Gobierno del PSOE se había formulado a esta propuesta (ver ed. “El País” 17 de junio 2008).
(3) El procedimiento para la aprobación de una Directiva está regulado por el artículo 251, que describimos a continuación:
1. Cuando en el presente Tratado, para la adopción de un acto, se haga referencia al presente artículo, se aplicará el procedimiento siguiente.
2. La Comisión presentará una propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo.
El Consejo, por mayoría cualificada, previo dictamen del Parlamento Europeo:
- si aprobara todas las enmiendas contenidas en el dictamen del Parlamento Europeo, podrá adoptar el acto propuesto así modificado,
- si el Parlamento Europeo no propusiera enmienda alguna, podrá adoptar el acto propuesto,
- en los demás casos, adoptará una posición común y la transmitirá al Parlamento Europeo. El Consejo informará plenamente al Parlamento Europeo de los motivos que le hubieran conducido a adoptar su posición común. La Comisión informará plenamente sobre su posición al Parlamento Europeo.
Si, transcurrido un plazo de tres meses desde esa comunicación, el Parlamento Europeo:
a) aprobara la posición común o no tomara decisión alguna, el acto de que se trate se considerará adoptado con arreglo a esa posición común;
b) rechazara, por mayoría absoluta de sus miembros, la posición común, el acto propuesto se considerará no adoptado;
c) propusiera enmiendas de la posición común por mayoría absoluta de sus miembros, el texto modificado será transmitido al Consejo y a la Comisión, que emitirá un dictamen sobre estas enmiendas.
3. Si en un plazo de tres meses desde la recepción de las enmiendas del Parlamento Europeo, el Consejo aprobara por mayoría cualificada todas ellas, se considerará que el acto de que se trate ha sido adoptado en la forma de la posición común así modificada; no obstante, el Consejo deberá pronunciarse por unanimidad sobre aquellas enmiendas que hayan sido objeto de un dictamen negativo de la Comisión. Si el Consejo no aprobara todas las enmiendas, el presidente del Consejo, de acuerdo con el presidente del Parlamento Europeo, convocará en el plazo de seis semanas una reunión del Comité de Conciliación.
4. El Comité de Conciliación, que estará compuesto por los miembros del Consejo o sus representantes y por un número igual de representantes del Parlamento Europeo, procurará alcanzar un acuerdo sobre un texto conjunto, por mayoría cualificada de los miembros del Consejo o sus representantes y por mayoría simple de los representantes del Parlamento Europeo. La Comisión participará en los trabajos del Comité de Conciliación y adoptará todas las iniciativas necesarias para favorecer un acercamiento de las posiciones del Parlamento Europeo y del Consejo. Al realizar esta misión, el Comité de Conciliación examinará la posición común sobre la base de las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo.
5. Si en el plazo de seis semanas después de haber sido convocado, el Comité de Conciliación aprobara un texto conjunto, el Parlamento Europeo y el Consejo dispondrán cada uno de seis semanas a partir de dicha aprobación para adoptar el acto en cuestión conforme al texto conjunto, pronunciándose respectivamente por mayoría absoluta de los votos emitidos y por mayoría cualificada. Si cualquiera de ambas instituciones no aprobara el acto propuesto dentro de dicho plazo, éste se considerará no adoptado
6. Si el Comité de Conciliación no aprobara un texto conjunto, el acto propuesto se considerará no adoptado.
7. Los períodos de tres meses y de seis semanas a que se refiere el presente artículo podrán ampliarse, como máximo, en un mes y dos semanas, respectivamente, a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.
(4) El cálculo de la “duración media” se establece durante un periodo de 4 meses, lo que implica un considerable grado de flexibilización de la jornada semanal.
(5) La definición de las horas anuales que se corresponden con una jornada semanal de 40 semanales, llevó una amplia controversia sindical/política anterior a la propia promulgación de la Ley de 40 semanales en el estado español en junio de 1983:
· En el año 1.980 con la firma de Acuerdo Marco Interconfederal (AMI) entre UGT y la patronal, se estableció como punto de referencia llegar a la jornada de 40 horas semanales que significaban (1.880 horas anuales).
· En el Programa para Elecciones Generales del 28 de octubre del 1982, el PSOE se comprometía a establecer por Ley las 40 horas semanales, que también las definía como (1.880 horas anuales)
· En la negociación de Acuerdo Interconfed eral, suscrito por CCOO y UGT en febrero de 1983 con la patronal se definió “A efectos de cómputo anual, la jornada semanal de cuarenta horas será de 1.826 horas y veintisiete minutos de trabajo efectivo”
La formulación para llegar a esta conclusión fue la siguiente:
- 365 días del año menos 30 días naturales de vacaciones, menos 48 domingos y menos 13 festivos (se entiende que uno está incluido en el periodo de vacaciones) = 274 días.
- 274 : 6 días a la semana = 45,66 semanas efectivas de trabajo.
- 45,66 X 40 h.= 1.826 horas y veintisiete minutos.
● El de 29 de junio de 1.983 el gobierno del PSOE aprobó la Ley de fijación de la jornada máxima legal en cuarenta horas y de las vacaciones anuales mínimas en treinta días. La Ley quedo definida de la forma siguiente: “La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo.”
Posteriormente en la Reforma laboral de 1994 es cuando se modifica esta Ley y se incorpora lo del computo anual que queda definido de la forma siguiente: “La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”.
(6) Tres recientes sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, conocidas como “ Laval”, “Viking Lines“ y “Ruffert”, aplican los criterios de la "directiva Bolkenstein", a pesar de que ésta no se llegó a aprobar (¿para qué aprobar directivas si tenemos un tribunal que las aplica aunque no se aprueben?). La sentencia “Laval” condena una acción sindical legal de sindicatos suecos contra una empresa letona instalada en el país nórdico que retribuía a sus trabajadores letones en relación, no a los convenios colectivos del lugar de trabajo, sino del país báltico. La sentencia “Viking Lines” no estima ajustada a derecho la actuación de un sindicato de marineros finlandeses, que solicitaban que no se permitiese matricular en Estonia un buque de su país con el objetivo de burlar la aplicación de los convenios colectivos de Finlandia. Por último, la sentencia “Ruffert” señala como no ajustada a derecho la normativa del Estado alemán de Baja Sajonia que imponía la obligación de realizarse contratos públicos con empresas que retribuyan en relación al salario mínimo del convenio colectivo de la zona, dando así la razón a una empresa polaca subcontratada del sector de la construcción que pretende abonar retribuciones de su país, prácticamente un 50% inferiores a las alemana.
(7) La Asamblea para organizar la campaña unitaria contra la modificación de la Directiva de las 65 horas está convocada para el 9 de septiembre a las 19 horas en el local de la “Casa de la Solidaritat”, Calle Vistalegre nº 15.
(8) En Anexo B se adjunta un cuadro-resumen sobre la implantación de jornadas máximas de 35 horas en España mediante convenios colectivos o mediante decisión de las Administraciones Públicas respecto de su personal laboral y funcionario. Según este cuadro, hasta 2001 sólo 1,35 millones de trabajadores en toda España tienen jornadas máximas de 35 horas, de los cuales más de la mitad pertenecen al sector público (Administraciones de Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Universidades).
(9) Ivan Escofet es militante del Psuc-Viu y miembro de FARGA (Fórum Anticapitalista de Reflexió i generació dÁlternatives), José Antonio González es abogado laboralista del “Colectivo Ronda” y afiliado a EUiA, Juan Montero sindicalista y activista de Xarxa contra els tancaments d’empreses i la Precarietat”, Diosdado Toledano es trabajador de SEAT, miembro de la Presidencia Federal de Izquierda Unida, y de FARGA..
Son amigos desde tiempo atrás, pero si siempre han tratado de mantener una relación discreta, ahora ya no es necesario. El presidente del BBVA, Francisco González (FG) y el hoy diputado del Partido Popular, Manuel Pizarro.
Pizarro vuelve a ser el jefe del llamado Clan de Teruel, que no en vano FG le debe, por ejemplo, la Presidencia del BBVA, dado que fue él quien le colocó en Argentaria.
Ahora, tras el sarpullido político, Manuel Pizarro es el candidato a sustituir a Miguel Blesa al frente de Caja Madrid, mientras FG se aferra la sillón del BBVA, no ya contra el Gobierno sino, sobre todo, contra su segundo, José Ignacio Goirigolzarri.
Otros miembros del clan son Jaime Caruana, ex gobernador del Banco de España, y César Alierta, presidente de Telefónica, aunque éste vuela por libre. En cualquier caso, los viejos rockeros nunca mueren, o al menos se resisten a hacerlo.
Estos son los que no van a trabajar nunca 65 horas sino a cobrar por 6500.
Onde está a esquerda?
Ausento-me deste espaço por vinte e quatro horas, não por necessidade de descanso ou falta de assunto, somente para que a última crónica se mantenha um dia mais no lugar em que está. Não tenho a certeza de que o mereça pela forma como disse o que pretendia, mas para lhe dar um pouco mais de tempo enquanto espero que alguém me informe onde está a esquerda…
Vai para três ou quatro anos, numa entrevista a um jornal sul-americano, creio que argentino, saiu-me na sucessão das perguntas e respostas uma declaração que depois imaginei iria causar agitação, debate, escândalo (a este ponto chegava a minha ingenuidade), começando pelas hostes locais da esquerda e logo, quem sabe, como uma onda que em círculos se expandisse, nos meios internacionais, fossem eles políticos, sindicais ou culturais que da dita esquerda são tributários. Em toda a sua crueza, não recuando perante a própria obscenidade, a frase, pontualmente reproduzida pelo jornal, foi a seguinte: “A esquerda não tem nem uma puta ideia do mundo em que vive”. À minha intenção, deliberadamente provocadora, a esquerda, assim interpelada, respondeu com o mais gélido dos silêncios. Nenhum partido comunista, por exemplo, a principiar por aquele de que sou membro, saiu à estacada para rebater ou simplesmente argumentar sobre a propriedade ou a falta de propriedade das palavras que proferi. Por maioria de razão, também nenhum dos partidos socialistas que se encontram no governo dos seus respectivos países, penso, sobretudo, nos de Portugal e Espanha, considerou necessário exigir uma aclaração ao atrevido escritor que tinha ousado lançar uma pedra ao putrefacto charco da indiferença. Nada de nada, silêncio total, como se nos túmulos ideológicos onde se refugiaram nada mais houvesse que pó e aranhas, quando muito um osso arcaico que já nem para relíquia servia. Durante alguns dias senti-me excluído da sociedade humana como se fosse um pestífero, vítima de uma espécie de cirrose mental que já não dissesse coisa com coisa. Cheguei até a pensar que a frase compassiva que andaria circulando entre os que assim calavam seria mais ou menos esta: “Coitado, que se poderia esperar com aquela idade?” Estava claro que não me achavam opinante à altura.
O tempo foi passando, passando, a situação do mundo complicando-se cada vez mais, e a esquerda, impávida, continuava a desempenhar os papéis que, no poder ou na oposição, lhes haviam sido distribuídos. Eu, que entretanto tinha feito outra descoberta, a de que Marx nunca havia tido tanta razão como hoje, imaginei, quando há um ano rebentou a burla cancerosa das hipotecas nos Estados Unidos, que a esquerda, onde quer que estivesse, se ainda era viva, iria abrir enfim a boca para dizer o que pensava do caso. Já tenho a explicação: a esquerda não pensa, não age, não arrisca um passo. Passou-se o que se passou depois, até hoje, e a esquerda, cobardemente, continua a não pensar, a não agir, a não arriscar um passo. Por isso não se estranhe a insolente pergunta do título: “Onde está a esquerda?” Não dou alvíssaras, já paguei demasiado caras as minhas ilusões.
Jose Saramago.
É de pensar, caro amigo e camarada.
&5 horas, dormir y comer en el trabajo, un descanso cada 15 días y Producir, Producir, abaratar Costes, incrementar beneficios.
¡Viva la Revolución Industrial!
Y ... ¿Quien comprará esa producción? ¿Para qué tanto producir y tanto trabajar si no se va a vender?
¡¡¡Estos Romanos están Locos!!!
-Obelíx-
El desempleo de la Eurozona aumentó en agosto hasta el 7,5 por ciento de la población activa, frente al 7,4 por ciento de julio, y se mantuvo estable en el 6,9 por ciento en el conjunto de la UE. Un año antes, el paro se elevaba al 7,4 por ciento en los países de la moneda única y al 7,1 por ciento en los Veintisiete.
España, el estado donde más aumenta el paro
España, con una tasa del 11,3 por ciento (tres décimas más que en julio), es el Estado miembro con más paro seguido de Eslovaquia (9,9 por ciento). En el extremo contrario está Holanda, con el 2,6 por ciento, y Dinamarca, con el 2,9 por ciento.
De los 27 Estados miembros de la UE, en 19 bajó el desempleo en los últimos doce meses y en ocho subió. Los mayores descensos tuvieron lugar en Polonia (del 9,2 por ciento al 6,7 por ciento), mientras que las subidas más acusadas se registraron en España (del 8,3 por ciento al 11,3 por ciento) e Irlanda, donde también aumentó tres décimas, hasta el 6,2 por ciento.
El 24 por ciento de los jóvenes españoles, en paro
En España, el porcentaje de hombres parados se incrementó del 9,7 por ciento al 10,1 por ciento, y también el de las mujeres, que pasó del 12,7 por ciento al 12,9 por ciento
En lo que se refiere a los menores de 25 años, su tasa de paro se situó en el 14,9 por ciento tanto en la eurozona como en la UE, frente al 14,6 por ciento y 15,2 por ciento que registraron respectivamente hace un año. De los países para los que hay datos disponibles, España es el que tiene más paro juvenil, del 24,6 por ciento, tras aumentar cinco décimas en el último mes. Los países en los que había menos jóvenes en paro son Holanda (4,9 por ciento) y Austria (6,3 por ciento).
TRABAJAR MENOS. El downshifting es un movimiento que nació a finales de los años ochenta en Estados Unidos, en pleno auge de la cultura yuppie. Muchos ejecutivos comenzaron a ver que ganaban mucho dinero pero trabajaban demasiadas horas, con la consecuente pérdida de salud, vida familiar, tiempo de sueño… El movimiento (del ingles down, bajar) preconiza el principio de trabajar menos para vivir mejor y con menos dinero, renunciando a determinados gastos y cambiando la filosofía de vida. Ha sido seguido desde entonces por un número cada vez mayor de personas, la mayoría ex ejecutivos o ex adictos al trabajo.
¿Qué es un liberado sindical? Un liberado es, esencialmente un parásito del mercado laboral que crece al amparo de nuestro Estatuto de los Trabajadores, que OBLIGA al empresario que paga el sueldo a sus trabajadores por horas de trabajo a soportar que parte de esas horas se dediquen a "tareas sindicales" y posibilita, además, que esas horas se sumen de tal forma que una casta de trabajadores queden efectivamente, liberados del deber de trabajar por el sueldo que reciben.
Así, la ocupación teórica de esta casta sindical es la de dar por culo y chantajear groseramente a quien, encima, está obligado a pagarle el sueldo e impedido de despedirle.
Si la figura del liberado sindical es vergonzosa en la empresa privada, su expresión más obscena la encontramos en los servicios públicos. Que pagamos todos. Que son deficitarios por definición -y en muchos casos está bien que lo sean- y que sobreviven por el bolsillo del contribuyente y dirigidas por políticos que, mejores o peores, obtienen su legitimidad de las urnas.
Los chupópteros sindicales enquistados en los servicios públicos se dividen en dos categorías, según el color del gobierno del que dependan:
Si el Gobierno de turno es Piji-progre, todo está bien. Si no para el trabajador o para el contribuyente, sí desde luego para el sindicalista y el gobernante de turno, ambos pueden dormir tranquilos sabiendo que el otro vela por sus mejores intereses:
El PSOE andaluz enchufa ahora al representante de UGT en Delphi - Libertad Digital - Sociedad
Pero... ¡ay del gobernante PP-pijo que tenga enfrente a estos morlacos! Aprovechándose de su exención legal del deber de trabajar, estos hijos de la gran puta se dedicarán, cual ladilla cabreada, a armarles las de Caín siempre que les sea posible. Ahora lo están haciendo con motivo de inauguraciones de hospitales públicos en Madrid.
Lo repito para que quede claro: Las inauguraciones de hospitales públicos también son motivo para que estos parasitarios defensores del sector público monten en cólera, insulten, alteren el orden público y agredan. Cinco detenidos. Cinco. En la inauguración de una nueva sala de cardiología en el Hospital Clínico de Madrid. El vídeo de El País no tiene desperdicio.
Y desde luego, el comentario de Güemes, hasta los mismísimos huevos de soportar a esa gentuza, que ha suplantado de facto al inexistente Partido Socialista Madrileño en las tareas de oposición al Taifato Aguirre no puede ser más acertado: "Con el sueldo de los sindicalistas liberados, haría un hospital nuevo de 450 camas".
¿Cuánto nos cuestan al año el mantener a esta casta de privilegiados? ¿A cuántas prestaciones públicas estamos renunciando por mantenerles? ¿Cuánta I+D o puestos de trabajo productivos directos e indirectos nos estamos perdiendo en la empresa privada por dar de comer a estos tíos?
Para que veas que uno es demócrata y acepta que tus impertinencias aparezcan. Lo único que haces es retratarte pero sin nombre y apellidos como los demás.
Da la cara carajote.
La mentira del libre mercado: el nuevo “socialismo para los ricos”
Lunes 3 de septiembre de 2007, por Enrique Javier Díez Gutiérrez
Se dice popularmente que cuando debes un millón al banco, tienes un problema; pero que cuando debes cien millones, es el banco quien tiene un problema. Ésta es, en esencia, la clave que revela cómo funciona el mal llamado “libre mercado”. Porque no hay tal libre mercado. Es una falacia que, a base de oírla, repetida una y otra vez por determinados políticos y medios de comunicación, nos la hemos creído ingenuamente.
Cuando “los mercados” tienen problemas, como los primeros días de agosto de 2007, no se les deja que “libremente” los solucionen, como cuando tienen grandes beneficios y entonces, sí que se reparten los dividendos “libremente”. Cuando se produce una crisis en los “mercados” (eufemismo para designar a las grandes corporaciones multinacionales) aparecen las instituciones públicas que, con nuestros impuestos, inyectan enormes sumas de dinero para mantener su liquidez y los políticos más señalados y los dirigentes de esas instituciones hacen declaraciones públicas para calmar y serenar la crisis. ¿Por qué no salen cuando hay despidos masivos por parte de esos mercados? ¿Por qué no utilizan nuestros impuestos para solucionar los problemas que nos causan a los trabajadores y trabajadoras esos mercados que se “deslocalizan” a países donde las condiciones laborales son todavía más degradantes e infrahumanas?
En la primera quincena de agosto se inyectaron 24.000 millones de dólares a los mercados en EEUU y 95.000 millones de euros a los europeos, obtenidos de los impuestos públicos. El presidente de EEUU, salía rápidamente a hacer declaraciones que “calmaran” la crisis en el negocio de las hipotecas de alto riesgo. Yo también pago en agosto una hipoteca. ¿Quién me va a inyectar alguna ayuda para pagar mi hipoteca? ¿Por qué a mi se me deja “libertad” para pagar mi hipoteca? Si no pago me embargan mis bienes. Pero a las grandes empresas y firmas hipotecarias no se les deja esta “libertad”. Porque, incluso aunque quiebren, nunca más se vuelve a saber del dinero que “desapareció”. Si no, que se lo pregunten a las compañías responsables de los últimos escándalos financieros en nuestro país o a los últimos directivos que han pasado por la cárcel. Es más, se le reclama al Estado que se haga cargo de esas deudas a cargo, como siempre, de nuestros impuestos.
Como ya advertía Kenneth Galbraith (1992) “cuando se trata de los empobrecidos, la ayuda y el subsidio del gobierno resultan sumamente sospechosos en cuanto a su necesidad y a la eficacia de su administración a causa de sus efectos adversos sobre la moral y el espíritu de trabajo. Esto no reza, sin embargo, en el caso del apoyo público a quienes gozan de un relativo bienestar. No se considera que perjudique al ciudadano el que se salve de la quiebra a un banco. Los relativamente opulentos pueden soportar los efectos morales adversos de los subsidios y ayudas del gobierno; pero los pobres no”. Por eso molesta tanto en occidente que Venezuela destine el dinero público para los más empobrecidos y que se “despilfarre” el dinero con las personas necesitadas, en vez de “invertirlo” en las compañías trasnacionales que generarían más beneficios…, para los de siempre, claro. De ahí que se acuse al presidente de Venezuela de practicar “populismo” y de despilfarrar el dinero público.
No hay “mercados libres”, salvo en la economía imaginaria. Cuando algunos políticos y medios hablan de libertad de mercados lo que menos existe son mercados libres, ya que todos los mercados son intervenidos, controlados, de tal forma que cuando se habla de libertad de mercado lo que se está diciendo es que no los controle el poder político, el sector público, sino que los controlen unas cuantas multinacionales, o los grandes centros de poder económico.
De hecho, esa supuesta devoción por el laissez faire, por el dogma del “libre mercado”, por este nuevo fanatismo religioso, desaparece cuando los intereses de los beneficiarios de la globalización se hallan en peligro. No sólo con la protección de las grandes compañías financieras cuando aparece una crisis, sino en todos los ámbitos: nos encontramos con políticas proteccionistas para los productos agrícolas y textiles, con subvenciones públicas a las empresas que han cometido errores desastrosos para evitar su quiebra y el despido de cientos de trabajadores y trabajadoras y con políticas militares de financiación a empresas de armamento. En todos estos casos se ha olvidado el libre mercado.
Son esas mismas corporaciones, que exultan la ideología neoliberal exigiendo la liberalización y la imposición de estrictas limitaciones a la intervención pública, en caso de despidos laborales o derechos sindicales, las que quieren y esperan de los gobiernos “asistencia social” en forma de rebajas fiscales o subvenciones, encauzando hacia ellas el dinero de los impuestos de todos y todas; una asistencia que, al contrario que los subsidios a la ciudadanía, exigen que se mantenga. La doctrina del mercado libre se presenta pues, como plantea Chomsky (2001), en dos variantes: a) la doctrina oficial que se aplica a los estados y pueblos empobrecidos y que éstos tienen que aplicar estrictamente; y b) la doctrina extraoficial que “realmente existe”, es decir, aquella que considera que esa disciplina de mercado, aunque es buena y aplicable para ellos, no lo es para nuestras empresas, salvo por conveniencias momentáneas, pues tácitamente, las personas creyentes en el mercado equiparan sus intereses económicos particulares al bien común.
Indagando en esta “teoría del libre mercado que realmente existe”, un extenso estudio sobre las corporaciones transnacionales de Ruigrock y Van Tulder (1995) descubrió que “prácticamente todas las mayores firmas mundiales habían conocido una decisiva influencia de las políticas estatales y/o de las barreras comerciales sobre sus estrategias y posiciones competitivas”, y que por lo menos el 20% de las que aparecen en el ranking de la revista Fortune, no habrían ni sobrevivido como sociedades independientes de no haber sido salvadas por sus respectivos gobiernos, socializando las pérdidas, es decir, haciéndose cargo de ellas el Estado cuando tuvieron problemas. El mismo estudio señala que la intervención estatal ha sido la regla más que la excepción durante los dos últimos siglos. La producción aeronáutica civil está hoy fundamentalmente en manos de dos sociedades: Boeing-McDonald y Airbus, cada una de las cuales debe en gran medida su existencia y su éxito a subvenciones públicas en gran escala. La misma pauta prevalece en los ordenadores y en la electrónica en general, en la automoción, la biotecnología, las comunicaciones, en realidad en prácticamente todos los sectores dinámicos de la economía. Sin estas y otras medidas extremas para interferir el mercado, es dudoso que las industrias del acero, del automóvil, de las máquinas herramientas y de los semiconductores hubieran sobrevivido a la competencia japonesa, o fueran capaces de avanzar con pie firme en las tecnologías emergentes.
En el nuevo análisis neoliberal el Estado reaparece como reasignador de los recursos a través del aumento de los gastos de defensa y de seguridad, y de las ayudas a las empresas y sectores en crisis. Sólo son partidarios de la libertad económica cuando las cosas van bien para ellos pero demandan muletas públicas cuando van mal.
Los mecanismos de protección de este “mercado libre” son muy variados y persistentes. La imaginación, en estos casos, parece no tener límite. No parecen ser algo coyuntural, sino claramente estructural. Una de las formas de protección más extendida es la dotación de ingentes recursos del erario público a la industria militar, desarrollada por empresas privadas. Durante los últimos seis años, más del 40% de las compras del Pentágono, es decir, un total de 362.000 millones de dólares, fueron realizadas sin licitación pública competitiva alguna, es decir, de una manera monopólica entre el complejo militar-industrial y la clase política.
Actualmente, alrededor de la mitad del presupuesto del Pentágono es manejado por empresas privadas que son supervisadas por otras empresas privadas, mientras el control a través de funcionarios del Estado está siendo reducido sistemáticamente. El Estado ya sólo sirve para repartir el dinero público entre el gran capital bélico, “supervisado” por las empresas privadas de contabilidad. Pero, los beneficios son mutuos. Desde 1998 a la fecha esas empresas han aportado 62 millones de dólares al Partido Republicano, comparado con 24 millones para los Demócratas (Dieterich, 2004). Igualmente, la “guerra de las galaxias” ha sido vendida al público como “defensa” y a la comunidad empresarial como un subsidio público para tecnología avanzada. Por eso no es sorprendente que el sistema general de subsidios favorezca a las grandes explotaciones, ya que las ayudas están ligadas a la extensión y a la producción. La Comisión Europea admite que el 80% de las ayudas agrícolas las acumulan el 20% de las explotaciones.
En Francia, apenas el 0,6% de la población total recibe las tres cuartas partes de las ayudas, y en España siete grandes familias terratenientes cobran tantas ayudas de la Unión Europea como 12.700 pequeñas explotaciones. En 2002 percibieron 14 millones de euros en subvenciones agrícolas: cantidad equivalente a la renta anual de 90.000 mozambiqueños. El multimillonario príncipe Alberto de Mónaco, recibe subvenciones millonarias destinadas a la agricultura, denunciaba en noviembre de 2005 Intermon-Oxfam. Estos subsidios provocan un dumping (venta por debajo del coste) en el mercado mundial. Y estos subsidios a los grandes terratenientes los pagan nuestros impuestos.
Estos mecanismos de asistencia social para la gente rica es lo que se ha denominado “socialismo para los ricos” que consiste en salvaguardar a las grandes empresas de la “disciplina del mercado”. Mientras, los países empobrecidos y las gentes indefensas son las adoctrinadas en el estricto dogma del “dios mercado”.
El problema es que cada vez la población en general se lo va creyendo más. Están consiguiendo ganar la batalla del sentido común, colonizando nuestro pensamiento e incluso nuestro lenguaje y nuestra imaginación. Los grandes medios de comunicación a su servicio lo repiten una y otra vez. La clase política lo reitera constantemente en sus discursos. Parece que hoy en día, como dice Susan Sontag, declararse en contra del libre mercado es como afirmar que se está en contra de la maternidad. El combate no sólo se libra en la economía, también está en el discurso y en el pensamiento.
Esto para el LIBERAL de los coj...
Liberal se llama.
Lo que hay que leer!
Tanto comentario sesudo, tanta economía, tanta mala leche por parte del amigo anónimo, no puede ser buena querido Pepe. Hace falta un poco de poesía y humor en nuestras perras vidas. En uno de sus maravillosos escritos decía Tagore en boca de un niño "Madre cuando sea mayor quiero se barquero de las golondrinas". Cuanta ternura, cuanta inocencia. Caro Pepe, tu sabes que siempre te he admirado, pero visto lo visto cuando sea mayor YO QUIERO SER BANQUERO
Se Bueno y Peca Mucho
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